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Polemico fallo de la CS

 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA SANCHEZ c/ANSeS
Síntesis de la sesión del 17 de mayo de 2005

Resumen:En la causa S.2758.XXXVIII - "Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios" -
Hace hincapié en la interpretación de principios básicos acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales y rechaza toda inteligencia restrictiva de la obligación, por parte del Estado a tal fin, teniendo como base los objetivos de justicia social indicado en el art. 14 bis de la Ley Suprema (La Constitución Nacional).Jurisprudencia:
"Que no habiendo sido alcanzada la remuneración de los activos por la ley de convertibilidad (23298/91) y que habiéndose registrado desde su sanción variables significativas, no existe fundamento válido que justifique retacear los ajustes proporcionales de los haberes activos/pasivos, como lo determinaba el artículo 53 de la ley 18037, mantenido luego por el articulo 160 de la ley integrada de jubilaciones y pensiones (24241/93), hasta su derogación por medio de la ley de solidaridad previsional (24463/95)".
"Por tales razones y las demás expresadas en las disidencias de los jueces Petracchi, Belluscio, Bossert y Fayt en la referida causa "Chocobar, Sixto Celestino", corresponde revocar la sentencia apelada en la que fue materia de agravios y mantener el ajuste por movilidad hasta el 30 de marzo de 1995, según las variaciones registradas en el índice de nivel general de remuneraciones a que remitía el artículo 53 de la ley 18037, criterio que hace innecesario expedirse sobre la tacha de inconstitucionalidad formulada por la recurrente contra la ley 23928, pues no resulta de aplicación al tema debatido".
"Por ello y por no haber expresado la demandada agravios en tiempo y forma, el Tribunal -por mayoría -resuelve: Declarar desierto el recurso de la ANSeS y hacer lugar al de la actora, en consecuencia, revocar la sentencia con el alcance que surge de lo precedentemente expresado y disponer que se mantenga el ajuste por movilidad hasta el 30 de marzo de 1995, según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones". Notifíquese y devuélvase.FDO.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO - JUAN CARLOS MAQUEDA (según su voto) - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto) - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

Secretaria de RRPP y Prensa, 20 may 2005

La Corte Suprema de Justicia declaró hoy la inconstitucionalidad del sistema de haberes jubilatorios máximos, que fija en 3.100 pesos el tope que puede percibir la clase pasiva. Este criterio se aplicó a un caso particular, pero puede servir como antecedente para otros expedientes similares.La decisión fue adoptada durante el acuerdo de esta mañana, en el cual el alto tribunal hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por Enrique José Tudor, a quien la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no quiso abonarle el haber que pretendía. En un comunicado de prensa, el máximo tribunal explicó que el litigio se originó por el modo en que la Anses interpretó un fallo que la Corte emitió en 1997, cuando revocó una sentencia por un caso similar. En ese fallo, la Corte había admitido la validez del sistema de haberes jubilatorios máximos en la medida que su aplicación no resultara "confiscatoria".Cuando la Anses liquidó los haberes a Tudor, aplicó el tope de 3.100 pesos, previsto en el artículo 9 de la ley 24.463, "en lugar de abonar el monto que resultaba de las pautas de reajuste contenidas en las sentencias dictadas en la causa", explicó el máximo tribunal. Esa "limitación" derivó en la presentación del amparo, el cual fue rechazado en primera y segunda instancia, porque se entendió "no existía un acto administrativo ilegítimo ni se había autorizado a la Anses para que actuara en sentido contrario a sus disposiciones".Ahora, la Corte declaró "procedente" el recurso extraordinario presentado por Tudor y consideró que "esas conclusiones se basaron en una interpretación restrictiva del criterio que se había fijado con anterioridad", es decir, en el fallo de 1997.

Fuente: diario Clarin - 19 agosto 2004

 

CASO CHOCOBAR

El fallo Chocobar fue el caso testigo que abarcó unas 70.000 causas judiciales. La resolución, firmada por la Corte en diciembre de 1996 les otorgó a los pasivos un reajuste del 13,78%, que estuvo muy lejos de cubrir las expectativas de entonces, ya que las Cámaras previsionales les habían otorgado un incremento del 35%.
Se trató de un reclamo de los jubilados sobre los aumentos surgidos de la aplicación de índices y coeficientes de actualización incorrectos, y a la variación salarial desde abril de 1991, con el plan de convertibilidad, hasta octubre de 1994, en que rigió el sistema de incrementos de la nueva ley previsional.

El 13,78% surgió de un índice de actualización del 3,28% cada 12 meses, que se aplicó porque ese porcentaje fue el único aumento dispuesto por el AMPO, el sistema previsto en la nueva ley a partir de 1994, que tomaba en cuenta las mediciones de la recaudación previsional.
La sentencia fue rubricada en ese momento por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.

En cambio los actuales integrantes de la Corte Suprema que preside Enrique Petracchi (en 1996 votó en disidencia) consideran que la inmovilidad de las jubilaciones es inconstitucional.
Una vez que se produzca el nuevo fallo el Estado nacional se verá obligado a actualizar los haberes de quienes se jubilaron antes de 1994, lo que obligará a aumentar el gasto público, en un rubro no previsto en la Ley de Presupuesto 2005.En la Corte, se acumulan 14.000 causas previsionales, en muchas de las cuales los jubilados reclaman un reajuste.

Fuente: Diarios Clarín y La Nación, 10 abr 2005

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CASO SANCHEZ II

S. 2758. XXXVIII.R.0.Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 28 de julio de 2005.
Autos y Vistos; Considerando:
1º) Que en razón de que la demandada no contestó el traslado del memorial de la actora en el cual se planteaba la subsistencia del régimen de movilidad de las prestaciones jubilatorias previsto en el art. 53 de la ley 18.037 con posterioridad a la sanción de la ley 23.928 de convertibilidad del austral, tema que abarcaba el lapso de permanencia de aquella ley y que había sido abordado en el precedente Chocobar, su presentación por la que solicita que se revoque la sentencia que ha tratado también la
cuestión en esta causa, resulta fruto de una reflexión tardía que no puede tener acogimiento por el Tribunal.
2º) Que, por otra parte, es sabido que las sentencias de la Corte no son susceptibles del recurso intentado (Fallos: 311:1788 y 2422; 313:1461; 320:1676 y 325:3380, entre muchos otros), sin que en el caso se den circunstancias que justifiquen hacer excepción a la doctrina señalada, máxime cuando la solución acerca de diversos puntos examinados en la decisión que se impugna cuenta con sustento
jurídico bastante que excluye la existencia del "grave error conceptual" que se invoca.
3º) Que, sin perjuicio de lo expresado, cabe destacar que la cuestión de fondo versa sobre la interpretación de las leyes 18.037 y 23.928, de modo que al haberse fallado por la subsistencia del régimen de movilidad de las prestaciones jubilatorias según el índice del nivel general de remuneraciones previsto en el referido art. 53 de la primera ley, índice que debía ser confeccionado por la Secretaría de Seguridad Social para hacer efectivo el reajuste de los haberes, corresponde disponer que dicho departamento de Estado arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento al fallo en un plazo razonable.
4º) Que ello es así pues para los beneficiarios del régimen general de jubilaciones y pensiones, el art. 53 de la ley 18.037 regulaba el derecho a la movilidad reconocido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, por lo que no cabe admitir que el poder administrador, a cuyo cargo estaba el estricto cumplimiento de la ley, pueda obviar la confección del referido índice ni corresponde aceptar excusas que no deriven de fuerza mayor, pues lo contrario importaría admitir que la omisión de la autoridad podría privar de eficacia al derecho reconocido por la ley y causar una grave lesión de orden constitucional sin razón suficiente que lo justifique.
5º) Que mientras se confecciona el aludido índice, la ANSeS deberá dar cumplimiento a la sentencia por las diferencias correspondientes, solución que contempla la urgencia de los jubilados y pensionados en lograr un incremento inmediato de sus haberes y el pago de una parte sustancial de la retroactividad, más allá de que ulteriormente se haga efectivo el pago del saldo del crédito derivado de la total ejecución de lo resuelto.
Por ello, el Tribunal resuelve: Desestimar el pedido de revocatoria y mandar que se cumpla la sentencia como ha sido ordenado. Hágase saber al señor Secretario de Seguridad Social que deberá arbitrar los medios para completar el índice del nivel general de remuneraciones a que se refiere el art. 53 de la ley 18.037 dentro del plazo de 60 días, sin perjuiS. 2758. XXXVIII. R.0. Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
cio de lo dispuesto en el considerando 5º. Notifíquese y líbrese oficio para su cumplimiento. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).
ES COPIA

VO -//-S. 2758. XXXVIII.
R.0. Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación -//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAUL ZAFFARONI Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1º) Los planteos del recurrente exigen determinar si el criterio de movilidad del art. 53 de la ley 18.037(Nivel general de las remuneraciones) continuó vigente no obstante el dictado de la ley 24.241 que fijó el AMPO (Aporte medio previsional obligatorio).
La cláusula de esta normativa cuya interpretación es necesario llevar a cabo para establecer si tuvo tal efecto derogatorio es el art. 160. Tarea que resulta imperiosa a partir del texto del decreto 2433/93 que la reglamentó del siguiente modo: se "mantienen en vigencia las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 23.682, 23.895, 24.016, 24.018 y 24.019, y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037". Ello, habida cuenta de que su lectura conduce a la conclusión de que la ley reglamentada en tanto mantuvo la vigencia de los regímenes de movilidad anteriores, lo hizo exclusivamente con los especiales.
2º) Sin embargo, la letra del artículo 160 de la ley 24.241 no lleva de manera evidente a semejante
consecuencia; en su párrafo tercero expresa: "La movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores a la presente, que tengan una forma de movilidad distinta a la del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, continuará practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de S. 2758. XXXVIII. R.0. Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios. Corte Suprema de Justicia de la Nación entrada en vigor de esta ley." Si se tiene en cuenta que el artículo 53 de la ley 18.037 era una "disposición vigente a la fecha de entrada en vigor" de la ley 24.241 y por obvia consecuencia establecía una "fórmula de movilidad distinta", debe reputárselo incluido dentro del alcance de la disposición referida.
3º) Dicha interpretación literal de la norma se ve reforzada por la discusión parlamentaria que tuvo lugar en ocasión de tratarse el proyecto de la ley 24.241. En esa oportunidad, el texto contenido en la propuesta del Poder Ejecutivo disponía con toda precisión el diferente tratamiento de las jubilaciones otorgadas bajo regímenes especiales y aquellas que lo habían sido por el sistema general de la ley 18.037. El artículo 132 del proyecto establecía que las únicas jubilaciones que no estaban alcanzadas por el nuevo régimen de movilidad (AMPO) eran las comprendidas en leyes especiales y hacía expresa excepción de las jubilaciones del régimen general, es decir aquellas que se ajustaban de acuerdo con el nivel general de las remuneraciones.
4º) Lo real y concreto es que esta propuesta sufrió modificaciones en el curso de la deliberación que apuntaban claramente a una subsistencia de los regímenes previos de movilidad en general, sin distinción alguna. En tal sentido, el diputado González Gaviola expresó: "El art. 138C actualmente 160C consagra expresamente las fórmulas previas a la sanción de esta ley" y el diputado Sueiro propuso como modificación que donde decía: "Régimen general de jubilaciones y pensiones", debía decir "Sistema integrado de Jubilaciones y pensiones", que fue como finalmente quedó el texto.
5º) Dadas las circunstancias examinadas y la regla que exige prudencia cuando se trata de aplicar leyes previsionales en perjuicio de las personas que ellas buscan proteger, siempre que tales normas admitan un criterio amplio de interpretación (doctrina de Fallos: 240:174; 273:297, entre otros), cabe considerar que no corresponde otorgar al artículo 160 de la ley 24.241 un alcance restrictivo del derecho a la movilidad. Eso implica entender que no sólo se mantuvieron en vigencia las movilidades establecidas por leyes especiales sino también la correspondiente al sistema general (art. 53 de la ley 18.037), pues como ya se señaló, dicho efecto no puede asignarse con claridad ni al texto ni a los fines del Congreso.
6º) Como el índice del nivel general de remuneraciones fue publicado hasta septiembre de 1993, para que la demandada pueda cumplir íntegramente con su obligación, la Secretaría de Seguridad Social, deberá arbitrar los medios a fin de confeccionar las alícuotas correspondientes al período comprendido entre esa fecha y marzo de 1995, mes en que entró en vigencia la Ley de Solidaridad Previsional. Sin perjuicio de ello, la ANSeS deberá pagar las diferencias en condiciones de ser calculadas, que son una parte sustancial del retroactivo y ulteriormente, hacer efectivo el pago del saldo del crédito derivado de la total ejecución.
Por ello, el Tribunal resuelve: Desestimar el pedido de revocatoria y mandar que se cumpla la sentencia como ha sido S. 2758. XXXVIII. R.0. Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenada. Hágase saber al señor Secretario de Seguridad Social que deberá arbitrar los medios para completar el índice del nivel general de remuneraciones a que se refiere el artículo 53 de la ley 18.037 dentro del plazo de 60 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el considerando 6º.
Notifíquese y líbrese oficio para su cumplimiento. E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA

fuente: Poder Judicial de la Nación
Secretaría de RRPP y Prensa, 28 jul 2005

FALLO BADARO Val. v. ANSeS/reajustes varios

Corte Suprema de Justicia de la Nación
8 de agosto de 2006

Badaro, Adolfo Valentín v. Anses s/reajustes varios

Corte Suprema de Justicia de la Nación
- I -
Contra la sentencia de los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 7 (apartados 1º y 2º), 16, 22 y 23 de la ley 24.243, y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor MOPRE (fijado por la Resolución Conjunta MTSS 661/97 y MEOSP 1.114/97) la demandada - ANSeS - interpuso recurso ordinario, que fue concedido a fojas 213.

Se queja el recurrente por entender que el juzgador, al declarar la inconstitucionalidad del aparatado 2º del artículo 7º citado, desconoció la situación de emergencia nacional, que genera la imposibilidad fáctica de legislar a favor de una movilidad del sector pasivo, dado que tal circunstancia no se condice con la realidad económica imperante. Agrega que, siendo el Tesoro de la Nación quien solventa el déficit del sistema previsional, al no haber un incremento en sus fondos, mal podría trasladarse un aumento a las jubilaciones. Arguye, también, que en ese marco, negar las pautas dadas por las normas aplicables, implica poner en serio riesgo la viabilidad del sistema.

Asimismo, sostiene que los artículos 5º y 7º apartado segundo de la ley de solidaridad previsional respetan la imposición del artículo 14 bis de la Carta Fundamental en cuanto a la movilidad de las prestaciones estableciendo las reglas para implementarla. Dice que V.E. sostuvo dicha postura en la causa "Heitt Rupp" (Fallos: 322:2226) cuya aplicación por parte del sentenciador, de acuerdo al artículo 19 de la ley 24.463, es obligatoria.

Respecto a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 22 y 23 de la ley 24.463, aduce que esa normativa no dispone el incumplimiento de las sentencias en materia previsional sino que las posponen en pos del resguardo y la defensa del sistema jubilatorio. Destaca que esta forma especial de pago no se diferencia del régimen legal que regula la ejecución de los restantes créditos que mantienen los particulares con el Estado Nacional. Pone de resalto, además, que el a-quo no fundó adecuadamente su decisión, por cuanto la basó en afirmaciones meramente dogmáticas, circunstancia que la descalifica como acto jurisdiccional.

Se agravia, por otro lado, por entender que la declaración de invalidez del artículo 16 citado afecta los intereses de la sociedad en su conjunto, dado que el Juez no podría evaluar las cuentas presupuestarias destinadas a cumplir eventuales condenas de reajustes dentro de los plazos legales. Asevera que esa Corte Suprema aceptó su aplicación y sostuvo, en reiterados pronunciamientos, que las disposiciones de esas normas no implican la extinción de las obligaciones del organismo. Dice, además, que al momento de creación de dichos artículos, se tuvo en cuenta la grave crisis por la que atraviesan las finanzas públicas y la necesidad de atender con recursos genuinos la deuda del Estado Nacional.

Por último, se queja por la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina y solicita su cálculo conforme la tasa de la caja de ahorro común que publica el mismo organismo. Entiende que el interés que se compute debería ser lo menos gravoso posible, lo que no resulta ajeno al diseño legislativo de la ley 24.463.

- II -

Considero admisible el presente recurso, en cuanto se dirige contra una sentencia definitiva de una de las Salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social y la vía ordinaria está expresamente prevista para este tipo de casos (v. art. 19, de la ley 24.463 y considerandos 15 y 16 del Fallo de V.E. en la causa S.C. I.349; L. XXXIX "Itzcovich, Mabel c/ Anses s/ reajustes varios" de fecha 29 de marzo del corriente).

Respecto a la declaración de inconstitucionalidad sobre el apartado 2º del artículo 7º mencionado, cabe recordar que V.E., al resolver una situación idéntica a la debatida aquí, reafirmó las atribuciones con las que cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la ley de presupuesto, por lo que ha rechazado dichos planteos de invalidez, por considerarlos basados en agravios conjeturales, que no alcanzaban a demostrar el perjuicio concreto ocasionado por dicho sistema a los interesados (v. Fallos: 322:2226, considerando 5º)). Por tales razones, opino, pues, que, desde este punto de vista y si el Tribunal en su nueva composición comparte este criterio, correspondería en este aspecto revocar la sentencia.

Sin embargo, sin pretender en modo alguno desconocer el acatamiento debido a la alta autoridad de la Corte, estimo que, a la luz de las nuevas circunstancias económicas actuales, V.E., salvo su más elevado criterio, podría determinar cuales serían los porcentajes adecuados, a fin de reajustar los haberes previsionales, como ya lo hizo en otras causas, con el objeto de nivelar tales prestaciones (ver, entre otros Fallos: 319:3241).

Por otro lado, debo decir que le asiste razón al recurrente cuando pone de relieve el carácter conjetural y dogmático de las consideraciones en que los magistrados sustentaron la declaración de invalidez de los artículos 22 y 23 de la ley de solidaridad previsional, circunstancia que, en mi criterio, justifica revocar el fallo en recurso también, en este aspecto.

En efecto, en autos, como lo expuso V.E. en una causa en que se debatía la lógica de una declaración similar, no ha sido probado que la aplicación de dicha normativa cause un perjuicio concreto y actual, por lo que no ha quedado en evidencia la irrazonabilidad de la pauta adoptada por el legislador (Fallos: 314:407 y 424; 316:687; 322:2226, y S.439, XXXV "Schiariti, Oscar Nicolás c/ ANSES", sentencia del 11 de julio de 2000). Máxime, cuando uno de los antecedentes citados por el juzgador para dar fundamento a su decisión, fue revocado por V.E., mediante fallo de fecha 18 de diciembre de 2001, de conformidad con lo dictaminado por esta Procuración General (v. expediente S.C. F. 487; L. XXXV "Fernández Vicente c/ Anses s/ dependientes").

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 de la misma ley, debo decir que un concepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto normativo, su espíritu y, en especial, en relación a las demás normas de igual y superior jerarquía que sobre la materia contenga un ordenamiento jurídico, debiendo estarse preferentemente por su validez y sólo como última alternativa por su inconstitucionalidad (cfme. Fallos: 312:296; 974, entre otros).

De acuerdo a ello, aprecio que fue excesivo el actuar del juzgador que decretó su invalidez, desde que dicho articulado sólo dispone la posibilidad de implementar una defensa que, como tal, podrá ser evaluada por el Juez, en la etapa respectiva, para admitirla o denegarla,. Debo precisar, además, que lo expuesto sobre este tema condice con lo sentado por esa Corte Suprema referido a que las disposiciones aludidas no importan la extinción de las obligaciones del organismo (ver Fallos: 325:98).

Por último, en lo referido al interés aplicable, pienso que los argumentos intentados por el recurrente no conmueven la solución alcanzada por el a-quo.

Por tanto, opino que se debe declarar procedente el recurso ordinario y revocar la sentencia con el alcance indicado.
Buenos Aires, 12 de abril de 2005
Marta A. Beiró de Gonçalvez

Buenos Aires, 8 de agosto de 2006.

Vistos los autos: "Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios".

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó la de la instancia anterior respecto de la nueva determinación del haber inicial del jubilado y su ajuste hasta el 31 de marzo de 1991, pero modificó la movilidad posterior de acuerdo con los precedentes de la Corte publicados en Fallos: 319:3241 ("Chocobar") y 322:2226 ("Heit Rupp"), el actor y la ANSeS dedujeron sendos recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24.463.

2º) Que el demandante se agravia de la movilidad reconocida afirmando que resulta ineficaz pues no permite que su prestación alcance un nivel adecuado. Señala que tal perjuicio se debe a que el antecedente "Chocobar", aplicado por el a quo, atribuye erróneamente a la ley 23.928 la derogación del art. 53 de la ley 18.037 y que ello ha producido una confiscación de sus haberes, que se ha visto agravada a partir de la sanción de las leyes 25.561 y 25.565, que iniciaron un proceso de acomodamiento de los precios que, a su entender, tornaría procedente la revisión del mencionado fallo "Heit Rupp". Requiere, finalmente, una tasa de interés que le resulte más ventajosa.

3°) Que las cuestiones que plantea respecto de la vigencia del art. 53 de la ley 18.037 y la movilidad correspondiente al período anterior a la ley de solidaridad previsional, han sido examinadas por el Tribunal en los votos concurrentes en la causa S.2758.XXXVIII. "Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios", sentencias del 17 de mayo y 28 de julio de 2005 respectivamente, a cuyas consideraciones corresponde remitir por razón de brevedad.

4°) Que con relación a las impugnaciones formuladas respecto del art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, la Corte ha señalado reiteradamente que el art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método (Fallos: 295:694 y 300:194, entre muchos otros). Sin embargo, ha advertido que la reglamentación debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866).

5°) Que de acuerdo con tales pautas, al dictar el precedente de Fallos: 322:2226 ("Heit Rupp") el Tribunal reafirmó las facultades con que cuenta el Congreso de la Nación para establecer los incrementos en las prestaciones mediante la ley de presupuesto anual, pero dejó a salvo la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de ese sistema si se demostrara el perjuicio concreto ocasionado a los interesados (considerando 5°).

6°) Que de lo expuesto se sigue que la efectividad de la cláusula constitucional sobre la movilidad jubilatoria debía resguardarse legislando sobre el punto, ya que la norma cuestionada sólo atribuyó la competencia para fijar su cuantía y señaló el momento en que ello debía realizarse, por lo cual su validez deberá analizarse a la luz del concreto ejercicio que el Congreso hizo de las facultades que se reservó, particularmente con relación al contenido que la Corte ha reconocido a dicha garantía.

7°) Que las leyes de presupuesto números 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967, no contienen previsión alguna de incremento de las prestaciones ni han señalado la existencia de graves razones de interés general que impidieran concederlos, aspectos que pueden ser cuestionados por el demandante en la medida que ese aumento resulte necesario para mantener un adecuado nivel de su beneficio.

8°) Que los agravios planteados en tal sentido se limitan al período posterior a la crisis que ha llevado a la pesificación de la economía, pues señala que a partir de ese momento la pérdida de estabilidad profundizó el deterioro de su jubilación. Esta cuestión es posterior a la promoción de la demanda, pero debe ser considerada de acuerdo con la doctrina que impone atender a las circunstancias sobrevinientes que no es posible desechar (Fallos: 308:1489; 311:787; 312: 555; 315:123 y 325:28, entre muchos otros).

9º) Que no puede obviarse que los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el año 2002, trajeron aparejadas variaciones importantes en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse para analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se consolidó un proceso de recuperación de las variables salariales, que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para la totalidad de las prestaciones jubilatorias. Lo dicho, que surge de datos que por su carácter público no necesitan de mayor demostración, ha llevado al Poder Ejecutivo a disponer varios incrementos en los haberes de bolsillo de una parte del sector pasivo.

10) Que, en efecto, haciendo uso de las facultades previstas por el art. 17 de la ley 25.565 y las atribuciones del art. 99, inc. 1, de la Constitución Nacional, consagró por decreto 1.275/02 la suma de $ 200 como de cobro garantizado, en tanto que mediante los decretos de necesidad y urgencia 391/03, 1.194/03, 683/04 y 748/05 se establecieron las prestaciones mínimas en $ 220, $ 240, $ 260, $ 280 y $ 350 respectivamente, monto elevado a $ 390 mediante el subsidio instituido por decreto 1.273/05. También se creó, mediante el decreto 1.199/04, un suplemento por movilidad equivalente al 10% para los haberes inferiores a $ 1.000. Sin embargo, ninguna de estas mejoras se aplica a la prestación que cobra el titular de autos, ya que su monto excede el último límite mencionado, por lo que tampoco se encuentra en condiciones de percibir el subsidio de asistencia sociosanitaria que otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

11) Que los citados decretos han tomado en consideración la grave crisis económica y social y tienen el declarado propósito de atender en primer lugar las necesidades más urgentes, asegurando a sus destinatarios los recursos indispensables para su subsistencia. Los criterios expresados, cuya validez no ha sido discutida, en modo alguno podrían llevar a convalidar una postergación indefinida de aquellos que, como el actor, no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes, ni a admitir graves deterioros de su jubilación ya que la amplitud de facultades que se han reconocido para organizar el sistema debe entenderse condicionada a que se ejerciten dentro de límites razonables, o sea, de modo que no se hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social (Fallos: 311:1937).

12) Que, por otra parte, le asiste razón al apelante cuando señala que la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo.

13) Que, en consecuencia, la ausencia de aumentos en los haberes del demandante no aparece como el fruto de un sistema válido de movilidad, pues la finalidad de la garantía constitucional en juego es acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad (Fallos: 307:2366). Se sigue de ello que la falta de corrección en una medida que guarde relación con el deterioro sufrido, como acontece en autos, configura un apartamiento del mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

14) Que la movilidad de que se trata no es un reajuste por inflación, como pretende el actor, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores (Fallos: 293:551; 295:674; 297:146; 300:616; 304:180; 305:611, 770, 953; 308: 1848 y 310:2212). Tales principios han sido ratificados en fecha reciente por esta Corte, que ha rechazado además to-da inteligencia restrictiva de la cláusula constitucional, señalando en particular que su contenido no se aviene con disposiciones que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios por un término incierto (causa "Sánchez" citada).

15) Que, por otra parte, el Tribunal tiene dicho que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una reglamentación que presenta indudable limitación, ya que no puede alterarla (art. 28) sino conferirle la extensión y comprensión previstas en el texto que la enunció y que manda a asegurarla. Ha señalado además que los cambios en las circunstancias pueden hacer que la solución legal, correcta en su comienzo, se torne irrazonable, y que cuando ello sucede el cumplimiento de la garantía en juego atañe también a los restantes poderes públicos que deberán, dentro de la órbita de su competencia, hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto, dentro del marco que exigen las diversas formas de justicia (Fallos: 301:319, 310:2212 y causa V.967.XXXVIII. "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido", fallo de fecha 14 de setiembre de 2004).

16) Que ello no implica que resulte apropiado que el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, pues la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer.

17) Que no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego, teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en su art. 75, incs. 19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular, a los ancianos, norma que descalifica todo accionar que en la práctica lleve a un resultado que afecte tales derechos (doctrina causa "Sánchez" citada).

18) Que la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal (Fallos: 308:1848).

19) Que en las condiciones reseñadas y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la Ley Fundamental. Por tal causa, debe diferirse el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes.

20) Que los agravios que se vinculan con la tasa de interés encuentran adecuada respuesta en el precedente de Fallos: 327:3721 ("Spitale"), cuyos fundamentos se dan por reproducidos.

21) Que no obstante haberse notificado al organismo administrativo de la providencia que ordenaba poner los autos en secretaría a los fines del art. 280, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no presentó el memorial exigido por dicha norma, lo cual lleva a declarar la deserción del recurso.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal sobre una temática análoga en la causa G.2708.XXXVIII. "Gómez Librado, Buenaventura c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad", el Tribu-nal resuelve: Declarar desierto el recurso ordinario de apelación deducido por la demandada y procedente el interpuesto por el actor. Revocar la sentencia apelada con el alcance que surge del fallo dictado en la causa "Sánchez, María del Carmen" citada. Comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adopten las medidas a las que se alude en los considerandos. Notificar a la ANSeS que deberá dar cumplimiento a la parte consentida del fallo impugnado y a lo resuelto en la presente e informar a esta Corte al respecto. Notifíquese, líbrense los oficios pertinentes y resérvese en secretaría a los fines indicados.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY..

Buenos Aires, 8 de agosto de 2006
Secretaria de RRPP y Prensa

Las sentencias a jubilados se cancelarán en 120 días

Es un proyecto del Gobierno con dictamen favorable en una comisión de Diputados.

La Comisión de Previsión de Diputados dio dictamen favorable a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que deroga varios artículos de la ley de "Solidaridad Previsional" sancionada en 1995 y ordena a la ANSeS a cancelar las sentencias favorables a los jubilados "dentro del plazo de 120 días".

Por los reclamos que corresponden a períodos anteriores a enero de 2002, esos fallos se cancelan con bonos.

Con estos cambios, el Gobierno y el Congreso dan cabida a las objeciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había calificado como "violatorios" los artículos de la ley de 1995 que trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales.

Por la mal llamada ley de Solidaridad Previsional, la ANSeS debe cancelar las sentencias a favor de los jubilados "hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo". Y así sucesivamente en los años siguientes, según el orden cronológico de las sentencias, pero dando prioridad a la gente de mayor edad.

Abogados previsionalistas cuestionaron esas disposiciones ante la CIDH porque dilataban el pago de las sentencias y afectaban los "derechos humanos" de los mayores de edad. Mediante el Informe Nø 3/01, la CIDH calificó esas normas de "violatorias de las garantías del debido proceso, del derecho a la protección judicial y del derecho de propiedad".

Luego de varias audiencias, y con el fin de "arribar a una solución amistosa", el Gobierno argentino se comprometió a adoptar medidas como la derogación del artículo 19 -que obliga a la ANSeS a apelar las sentencias por recurso ordinario- ya votada por el Congreso y ahora la derogación y/o modificación de otros 5 artículos de esa ley.

En cambio, se mantiene el tope de 3.100 pesos mensuales para las jubilaciones del Estado, la eliminación de la movilidad o ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos (por ejemplo, 82% móvil) y el que remite la movilidad a lo que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Sin embargo, desde que en 1995 sancionó esa ley, el Congreso no aprobó ningún ajuste en las jubilaciones.

"Si se convierte en ley, se allanaría el camino a una solución amistosa. Pero quedan pendiente la ejecución de resoluciones adoptadas por la ANSeS para cumplimentar en tiempo y forma las sentencias judiciales", dijo Sergio Bobrovsky, quien promovió la causa ante la CIDH.

Fuente: Ismael Bermúdez - Clarín 27 abr 2006

NOTA DE CIJUPPLA

Como lo hemos anunciado oportunamente (ver audiencia CIDH), con la gestión de nuestro asesor previsional Dr. Horacio González y la propia, continuamos aportando esfuerzos para encontrar una definición a los pagos de los litigios por reajuste de nuestros asociados.

Secretaria de RRPP y Prensa, 27 abril de 2006

Jubilados: la Justicia ordena ajustar un 42% las sentencias

Lo decidió la Cámara para el período que va de enero de 2002 a marzo de 2004.

Las Salas II y III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenaron ajustar en un 42,1% las sentencias a favor de los jubilados por el período que va del 1 de enero de 2002 al 14 de marzo de 2004.

Por corresponder a deudas que van de 1992 a 2001, esos fallos se cancelan con bonos Bocon Previsional 4ª serie que se emitieron el 15 de marzo de 2004.

Si bien esas sentencias benefician a los jubilados que hicieron el reclamo, la Justicia tanto de primera como segunda instancia sigue pronunciándose en favor del ajuste tanto de los sueldos que determinan la primera jubilación, como de los haberes y de los propios fallos, en especial para el período posterior a la devaluación del peso.

Sin embargo, como el Estado viene apelando todas esas sentencias, la palabra final deberá ser dicha por la Corte Suprema.

Los camaristas declararon inválida una disposición de la ley de Presupuesto de 2004, ejecutada por la Resolución 378/04 del Ministerio de Economía.

Esas normas autorizan al Gobierno a cancelar las deudas previsionales con bonos, reconociendo hasta la fecha de su emisión ( 15-3-04) un ajuste del 8,3%, equivalente a la tasa de caja de ahorro, según los cálculos del especialista Marcelo García Ruiz, en lugar de la tasa marcada por las sentencias.

Los jueces de ambas Salas, en los casos Andrés Parada y Villafranca Gutiérrez, le dieron la razón a los reclamos y así sostuvieron que, hasta su liquidación, las sentencias a favor de los jubilados deben ajustarse por la tasa de interés tal como figura en los fallos que, para ese período, fue del 42,1%.

En consecuencia, dictaminaron que "hasta la efectivización" del fallo, "el cómputo de intereses será efectuado conforme a la obligación primigenia y sólo a partir de la emisión de los nuevos bonos se computarán los previstos en ellos" ( en referencia al ajuste del CER). Y aclararon que esta alternativa "conjuga el interés público general en mantener el cronograma de pagos que posibilitó el reordenamiento de las cuentas fiscales, con el legítimo interés de la parte actora (jubilado) de no ver injustificadamente licuado su crédito".

Así, cada 10.000 pesos de deuda a diciembre de 2001, el ajuste oficial elevó esa deuda a 10.830 pesos, a cancelar con Bocon 4. Mientras para la Justicia el jubilado debería recibir bonos por 14.208 pesos.

El abogado Marcelo García Ruiz considera que los fallos son "de gran importancia" porque el Tribunal sostiene que "no es lícito reducir el importe de la deuda del Estado determinado por sentencia firme ("cosa juzgada") con mecanismos que licúan los derechos adjudicados".

No obstante, García Ruiz sostiene que el período entre la fecha de consolidación de la deuda ( 31-12-2001) y la emisión de los bonos ( 15-3-04) debía aplicarse el CER como se instrumentó con otras deudas del Estado.

Pero, agrega que "si bien la decisión del Tribunal no sanea la privación íntegra del CER por ese período ( la inflación asciende al 46,71% contra el 42,08% de la tasa de las sentencias ) su aproximación por otros caminos jurídicos descartan formular planteos federales de confiscatoriedad".

Fuente: Ismael Bermudez - Clarín, 29 abril 2006